– Congreso aprobó iniciativa para ampliar la participación vecinal en los Comités de Contraloría Social; ya no podrán ser amigos de las autoridades o constructoras, precisó el Legislador
Xalapa, Veracruz, 31 de enero de 2024.- Para forzar la vigilancia y combatir la corrupción en el desarrollo de obra pública municipal, el Congreso de Veracruz aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre propuesta por el diputado local Maleno Rosales Torres para ampliar la participación vecinal en los Comités de Contraloría Social.
El Legislador agradeció el respaldo de los diputados y diputadas que votaron a favor del dictamen de la Comisión Permanente de Gobernación, para pasar de tres a cinco integrantes los Comités de Contraloría Social, en donde ya no podrán participar ni las “amistades” de las autoridades municipales ni de las constructoras, sino que deberán ser vecinos de las calles o comunidades intervenidas.
Con 35 votos a favor, dijo, estamos dando respuesta a la inquietud de la ciudadanía en el sentido de que los Comités de Contraloría Social no siempre son constituidos con base en la normatividad o existían intromisiones de algunas autoridades de los ayuntamientos e incluso proponían que su funcionamiento debería ir más allá del tiempo previsto para la conclusión de la obra.
Con esta reforma, dijo, los Comités de Contraloría Social estarán integrados por cinco habitantes, quienes desarrollarán sus funciones a través de una presidencia, una secretaría y tres vocalías, y se elegirán de entre la ciudadanía directamente beneficiada con la obra mediante una Asamblea General a celebrarse por lo menos cinco días antes de la fecha de inicio de la obra.
Sin excepciones, el ayuntamiento entregará la información a la que está obligado en materia de transparencia y acceso a la información pública de la misma, para que el Comité realice sus trabajos oportunamente, siendo de carácter honorífico los cargos de quienes integren estas figuras y de ninguna forma podrán ser asumidos por dirigentes de organizaciones políticas, servidores públicos o cualquier persona que tenga vínculo alguno con la empresa contratista.
De esta forma, puntualizó Maleno Rosales, toda la obra pública municipal será vigilada de manera efectiva por el pueblo, acabando con la discrecionalidad y hasta conflictos de intereses que se venían dando en la conformación de los Comités de Contraloría Social en los 212 municipios.