– El Estado debe proporcionar gratuitamente patrocinio de defensa en materia civil, familiar y procedimientos judiciales no contenciosos.
Xalapa, Veracruz., 23 de Enero de 2020.- El diputado local de MORENA, Raymundo Andrade, propuso ante el pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Veracruz, a fin de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, en congruencia con los estándares internacionales y criterios de la Corte.
El legislador afirmó que el derecho de acceso a la justicia implica que las personas tengan la posibilidad de una adecuada defensa de sus derechos, así como facilidades para que todas las personas, sin discriminación alguna, puedan gozar absolutamente de los recursos y servicios que les garanticen seguridad, movilidad, comunicación y comprensión de los servicios judiciales que, a su vez, garanticen una justicia pronta, completa e imparcial.
Dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto, tiene por objeto reformar los artículos Tercero, Sexto Fracción Séptima y 15 Fracción Tercera de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Veracruz.
“En la actualidad en el estado, el acceso a la justicia presenta una limitación, como es el caso del patrocinio gratuito en materia civil y de procedimientos judiciales no contenciosos, el cual establece, que no se otorgará a la parte actora en la cuestión de la reconvención hecha en contestación de demanda, lo que significa un freno normativo, injustificado, que impide o limita la posibilidad del acceso a la justicia, siendo obligación del Estado remover muros que hagan efectiva la protección judicial de los derechos humanos y; en especial, en el tema civil y de familia”, explicó.
Asimismo, el legislador del Distrito local XII, con cabecera en Coatepec, subrayó que en la entidad, es común encontrarse con personas que presentan situaciones precarias o de extrema pobreza, quienes pueden ver vulnerados sus derechos y requieren que el Estado les brinde facilidades para acceder a la justicia, ya que dijo, es una facultad del demandado, el contar con una defensoría legal proporcionada por el estado, para efectos de salvaguardar todos sus derechos humanos, así como también sus garantías individuales.
Por lo que esta Iniciativa, plantea proporcionar gratuitamente patrocinio de defensa en materia civil, familiar y procedimientos judiciales no contenciosos, siempre que, de acuerdo al estudio socioeconómico que se efectúe, los solicitantes tengan ingresos inferiores al triple del salario mínimo diario general vigente en el área geográfica donde radique el juicio.
Por último, el legislador, hizo hincapié que en algunos casos la defensoría pública no se lleva de acuerdo a lo que establece la ley, “hay defensores públicos que no continúan con la secuela jurídica pertinente según sea el caso, o no le dan el impulso procesal, es decir, dejan de promover en favor del demandado, con ello se ven vulnerados sus derechos. Por lo que esta reforma busca dar seguimiento oportuno y con ello el enjuiciado tenga a salvo sus intereses jurídicos.
Dicha Iniciativa, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales y Procuración de Justicia.