– Se pretende evitar que, cuando exista cambio de titularidad de alguna autoridad, se incumplan o dilaten las ejecuciones de las sentencias que dicte el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV).

Xalapa, Veracruz., 17 de Enero de 2019.- La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, en su calidad de representante del grupo legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, sometió a consideración del Pleno, en la Décimo Segunda Sesión del Primer Periodo Ordinario, una Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al Artículo 332 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.

La legisladora expuso, que el ordenamiento referido es omiso para prevenir situaciones donde se efectúe un cambio, sustitución o relevo de autoridades y haya incumplimiento de las sentencias que dicte el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV).

“El libro tercero del Código en cita, contiene las disposiciones relativas al Juicio Contencioso, y que involucra una sucesión de actos jurisdiccionales para la restauración de un derecho, mediante los principios de legalidad, seguridad jurídica, audiencia o irretroactividad”.

Abundó que, en la praxis administrativa real, sucede que muchas veces hay dilación injustificada de los funcionarios en perjuicio de los particulares al momento de satisfacer los fallos dictados, lo que conlleva un consecuente daño patrimonial y/o afectación del interés público, y lo que es peor, no comunican al servidor entrante sobre los juicios contenciosos donde existe sentencia condenatoria para la autoridad que representan.

Martínez Sánchez, explicó la necesidad de que el órgano jurisdiccional de oficio, informe a las autoridades responsables el estado procesal que guardan los expedientes en vías de ejecución para que estas se encuentren en posibilidad de cumplimentar las resoluciones cabalmente.

En este sentido, el proyecto de decreto que se propone, contempla que cuando el incumplimiento de alguna sentencia del TEJAV ocurra dentro de los 90 días del inicio de una administración (sea del Poder Ejecutivo, Legislativo, ayuntamientos, órganos autónomos), el Tribunal hará del conocimiento de la responsable las sentencias en vías de ejecución, a efecto de que estas actúen y analicen, en consecuencia, con el procedimiento.

“También, se pretende evitar que, servidores públicos que no eran responsables del cumplimiento de las resoluciones sean sancionados por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, a causa de una omisión de su antecesor”.
“¡Veracruz, me llena de orgullo!”, “¡con el pueblo todo, sin el pueblo nada!”, finalizó Martínez Sánchez.

La iniciativa citada, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para el correspondiente dictamen de rigor.