– Se derogaron disposiciones y atribuciones a las Secretarías General y de Fiscalización, para recibir manifestaciones y quejas contra funcionarios estatales y municipales
Xalapa, Veracruz, 23 de Mayo de 2019.- El legislador Wenceslao González Martínez propuso armonizar diversas disposiciones previstas a la Ley Orgánica del Poder legislativo, y derogar la facultad de registrar la situación patrimonial de los servidores públicos estatales y municipales; a partir de ahora, la Legislatura de Veracruz solo habrá de recibir las manifestaciones correspondientes a sus trabajadores.
Recordó que con ello, se armoniza la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con las disposiciones establecidas en la reforma a la fracción Décimo Séptima del Artículo 33 de la Constitución Política local, y que en su texto anterior facultaba al Congreso del Estado a conocer dicho registro, en relación con dichos servidores públicos.
Explicó que, como parte de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, se acotó el registro de la situación patrimonial del Congreso sólo a sus trabajadores, ya que los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los Ayuntamientos del estado cuentan ya con órganos internos de control, a los que compete dicha facultad.
La propuesta del legislador obedece a que esta Soberanía, no había armonizado su Ley Orgánica con las disposiciones previstas en el decreto 769 publicado en la Gaceta Oficial el 9 de octubre de 2018, pues la fracción Décimo Séptima del Artículo 18 mantenía las atribuciones del Congreso, “para llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos estatales y municipales”.
Asimismo, se derogó la facultad que le confería el Artículo 61, referente a las atribuciones de la Secretaría de Fiscalización, de apoyar a la Secretaría General en la recepción de declaraciones de situación patrimonial, fungir como órgano de control interno del Congreso y recibir quejas o denuncias administrativas en contra de servidores públicos municipales.
La Mesa Directiva turnó esta iniciativa a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.