Aprueba Congreso reformas a la Constitución local en materia educativa

– Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales aprobó Dictamen por el cual el Estado garantizará el derecho de la niñez y juventud de recibir una educación de excelencia.

Xalapa, Veracruz., 7 de Julio de 2020.- De manera unánime, el Congreso de Veracruz aprobó el dictamen por el cual se reforma el artículo 10 y que adiciona una fracción V, con el corrimiento de la actual V a la VI del Artículo 16, de la Constitución Política local en materia educativa, mediante el cual se incorporan los nuevos postulados federales previstos en la Reforma Educativa, aprobada en el 2019, a la Ley de Educación de Veracruz.

Con esta reforma, se prioriza el interés superior de la niñez, la adolescencia y la juventud en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, garantizando una educación de excelencia, universal, gratuita, inclusiva, equitativa, intercultural e integral; estableciéndose un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, para que el Congreso del Estado armonice la legislación secundaria aplicable.

La iniciativa de reforma propuesta por la Comisión Permanente de Educación y Cultura, fue analizada de manera minuciosa por las diputadas integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, Mónica Robles Barajas, Rosalinda Galindo Silva y Erika Ayala Ríos, en su calidad de Presidenta, Secretaria y Vocal, respectivamente, elaboran el dictamen a favor y que este martes 7, fue presentado ante el Pleno durante la Quinta Sesión Ordinaria, en el cual se reitera que la educación es un derecho básico para el desarrollo social y económico de las y los veracruzanos.

Dicha Comisión, además, propuso modificar el planteamiento del ordinal 10, incorporando diversos términos, principios y bases acordes con la reforma federal, como el derecho de la educación en la niñez y la responsabilidad del Estado de concientizar sobre su importancia.

“La intención de la Reforma Educativa a nivel federal es hacer depositario al Estado de la rectoría de la educación, para que se garantice su obligatoriedad, universalidad, además, de inclusiva, pública, gratuita, laica, equitativa, intercultural y de excelencia; que contribuya a la mejor convivencia humana, así como al reconocimiento a maestras y maestros como baluartes del sistema educativo”, detalla el documento.

Y abunda: Esta propuesta también es coincidente con los objetivos de la Nueva Escuela Mexicana, caracterizada por una estructura abierta que integra a la comunidad, pero sobre todo que prioriza la atención de poblaciones en desventaja, por condiciones económicas y sociales, con la finalidad de brindar los mismos estándares, para garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje a todas y todos los mexicanos, así como cumple con uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, respecto a la educación en adultos, puesto que el derecho a la educación es un proceso de toda la vida y no exclusivo de la infancia, adolescencia o juventud.

La Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales coincidió con la Comisión de Educación y Cultura, señalar como obligación de las ciudadanas y ciudadanos, su responsabilidad de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

Además, de reconocer a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y, por lo tanto, se reconoce su contribución a la transformación social, así como también considera que los programas educativos podrán ser complementados con aspectos que consideren las realidades y contextos, regionales y locales, incluyendo la investigación de la geografía, historia y cultura de Veracruz, así como su papel en el desarrollo de la nación mexicana y en el contexto internacional.

Mediante esta reforma, se agrega, el Congreso de Veracruz tiene la posibilidad de demostrar su compromiso con garantizar el derecho a una educación de calidad.

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